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INSTITUCIONAL

Declaración de los Profesionales de la Dirección Provincial de Promoción de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia

20.11.2009. Septiembre 2009

En septiembre de 2005 se sanciona la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En consonancia con la misma se promulga en el mes de marzo de 2009, la Ley Provincial Nro. 12967. La mencionada Ley “tiene como objeto la promoción y la protección de los Derechos y Garantías de los niños, las niñas y adolescentes”.
La Dirección Provincial de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia es la autoridad administrativa de aplicación de la Ley. Al carecer de estructura delega directamente en sus trabajadores la ejecución de su objetivo. La Ley estipula que este Organismo debe financiar y ejecutar las políticas públicas de infancia. Además de ello, de acuerdo a la mencionada Ley, las competencias Civiles y Sociales que ejecutaban los Juzgados de Menores con la anterior Ley del Patronato pasan directamente a esta Dirección Provincial.

Como trabajadores y trabajadoras del Estado Provincial, desarrollamos nuestras tareas en los programas que tendrían por objetivo la atención a niños y niñas en situación de vulnerabilidad para garantizar el cumplimiento de sus Derechos: salud, educación, recreación, identidad, convivencia familiar y comunitaria. Dichos programas vienen sufriendo el deterioro, vaciamiento y desabastecimiento de recursos materiales y humanos. Y a ello, debemos sumar las condiciones de vulnerabilidad laboral que afectan quienes desempeñan funciones en esta Dirección, implementando de este modo políticas pobres ejecutadas por trabajadores precarizados para los pibes pobres.

En este marco, las y los trabajadores denunciamos las condiciones que transitamos a diario en nuestros lugares de trabajo y que dan cuenta del desfinanciamiento y el posicionamiento político de esta gestión con la infancia.
Respecto de nuestros espacios y áreas de trabajo, mencionamos particularmente las problemáticas específicas por las que los mismos transitan:




• Equipos de Atención:
A raíz de la nueva ley existe un alto crecimiento de la demanda a los equipos de atención los cuales, son en funcionamiento real, cinco para toda la ciudad de Rosario y las localidades del Nodo Sur. Los equipos ejecutan las denominadas Medidas Extraordinarias (separación de un niño/a de su medio familiar) con la responsabilidad que implica definir el destino en la vida de un niño/a. Además no se cuenta con ningún tipo de recurso propio de la Dirección para la ejecución de las Medidas Ordinarias, es decir Programas y Proyectos con anclaje comunitario. No se cuenta con movilidad ni teléfono a disposición permanente. Trabajamos en condiciones de hacinamiento: no hay espacio físico para sostener entrevistas con privacidad a los niños/niñas y sus familias. De este modo no podemos garantizar el Derecho a la privacidad que menciona la Ley.

• Programas alternativos:
Niños separados de sus progenitores alojados con familias por tiempos prolongados sin regularización en función de lo que manda la ley.
Ausencia de difusión pública de la necesidad inminente de abrir un registro de familias de tránsito, desatendiendo necesidades urgentes de niños en situación de vulnerabilidad.
Falta de participación en cualquier discusión que atraviesa nuestra área de intervención, teniendo que adecuarnos permanentemente a recortes, medidas y reformulaciones que terminan siendo desajustadas a nuestra realidad local.
Recorte y exiguo presupuesto de los programas para atender la creciente demanda del nodo sur provincial.

• Adolescencia:
En pleno auge de debate acerca de la baja de imputabilidad y donde toda una sociedad brega por dicha baja, nos encontramos con una problemática que no cuenta con el abordaje que su complejidad requiere. Menores no punibles es la denominación que se le da a niños y adolescentes transgresores de la ley, que en su mayoría tienen sus derechos vulnerados.
Desde este dispositivo pensamos nuestras intervenciones orientadas a la restitución de derechos, a la posibilidad de que estos pibes puedan tener una nueva inscripción social, pero ¿Cómo pensar dicho trabajo cuando nuestros derechos como trabajadores se encuentran vulnerados? Sostenemos la importancia de un trabajo artesanal, desde lo singular, que permita recuperar la historia de los niños/as y adolescentes y a partir de allí pensar otros caminos posibles, pero para ello es necesario una estructura que respalde nuestro trabajo cotidianamente.
Consideramos de fundamental importancia poder contar con:
- Becas de capacitación que permitan la formación de los adolescentes
- Espacio de alojamiento que no reproduzca el sistema carcelario y/o expulsivo.
Todo esto sería posible con una verdadera política dirigida a la Restitución de Derechos de niños y adolescentes.

• Situación de Calle:
Cada vez más niños/as y adolescentes viven en situación de calle en Rosario, sufriendo el desamparo y la persecución policial, y un Estado cada vez más excluyente. Muchos de ellos, con sus familias sin vivienda digna y sus padres fuera del mundo laboral.
- Denunciamos que el avance desmedido de distribución de drogas, el consumo de “poxi”, con la complicidad de quienes deberían controlar y desarticular los circuitos de tráfico, está haciendo estragos en nuestra población más joven, y sin posibilidades de acceder a programas de atención o prevención que dependan de esta Dirección.

• Programa convenios con municipios, comunas y entidades privadas:
A partir de los convenios con Municipios y Comunas y de acuerdo a lo que establece la Ley 26.061 se propicia la Promoción del sistema de Protección de Derechos de aplicación Local en estos ámbitos.
A través del otorgamiento de subsidios que permitan operativizar estos objetivos, a partir de proyectos que propendan a brindar algún tipo de solución a la problemática local, abriendo de este modo la participación de la comunidad en la resolución y tratamiento de los problemas. Las Organizaciones de la Sociedad Civil, participan de este programa, por expresar la voz de grupos o colectivos que también deben estar representados en la promoción/restitución de derechos.

- Atraso abusivo de los pagos en los tiempos pactados con las entidades convenientes;
- Falta de actualización en el incremento de los montos fijos y capitaciones convenidas con ONGs y Municpios y Comunas.
- Imposibilidad de incorporar nuevas prestaciones y unidades ejecutoras al programa, por falta de presupuesto;
- Planta de personal insuficiente (actualmente 2 profesionales), para el acompañamiento a 50 Ongs; 17 Municpios y Comunas con convenio Provincial y 14 Municipios con convenio Nacional.
- Imposibilidad de supervisión en tiempo y forma los programas-proyectos y subprogramas en curso, además de no estar contemplado los gastos que emanan de ejercer este acompañamiento en todo el territorio de la jurisdicción;
- Excesivo celo burocrático en las actuaciones administrativas.
- Incorporación de nuevos programas para el monitoreo y la supervisión (ADDENDA), sin la correspondiente planta de personal que haga efectivo este propósito.

• Instituciones de alojamiento:
Han sido reiteradas las presentaciones de informes a esta Dirección dando cuenta del desmantelamiento de las instituciones de alojamiento en tanto recurso de trabajo indispensable, donde enumeramos:
- Falta de recursos en programas alternativos con los cuales articular para producir egresos.
- Problemas edilicios graves.
- Falta de personal para cubrir guardias. No hay una política de capacitación permanente para preceptores.
- Presupuesto insuficiente para garantizar el alimento, ropa, útiles, recreación, etc. Hace tres años que no se aumenta la partida presupuestaria. Esto implica que algunas instituciones se encuentran endeudadas a partir del mes de Junio.
- Cualquier actividad recreativa quede subsumida por la falta de recursos y que la ejecución de las mismas muchas veces termine a cuenta de la buena voluntad los trabajadores de las instituciones.

• Centros de Acción Familiar: En el marco de la Ley 12967 el art 31 plantea “… cada Delegación Regional debe garantizar programas e instituciones con la modalidad de puertas abiertas como centros de día…”. Los CAF frente a esta realidad política no pueden cumplir con lo mencionado por la ley, y presentamos limitaciones en abarcar programas y proyectos institucionales por la falta de personal, estructura edilicia y recursos económicos. La entidad que nos da la Ley no se plasma en el trabajo cotidiano.


Estamos en conocimiento que los trabajadores de las infancias de otras Provincias están pasando por condiciones semejantes a las nuestras, por tanto en consonancia con sus reclamos exigimos:

• Creación de un SISTEMA REAL de Protección de Derechos y sus políticas públicas de infancia acorde a lo estipulado en la Ley 12967.
• Inmediata implementación de una ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA con su correspondiente PRESUPUESTO acorde a lo que la Ley 12967 estipula.
• ESTABILIDAD LABORAL para las y los Trabajadores de la Dirección Provincial. Normalización y regularización de los cargos de acuerdo a las funciones que se cumplen.
 
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